La UE adaptó rápidamente sus normas para ofrecer a los Estados miembros una mayor flexibilidad para usar los fondos de la política de cohesión en respuesta a la pandemia de COVID-19. Asimismo, introdujo nuevos recursos importantes para financiar más inversiones. Sin embargo, estas medidas también aumentaron la presión para gastar los fondos de la UE rápida y adecuadamente, según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Los auditores señalan que la utilización reiterada de la política de cohesión para abordar las crisis puede también desviar dicha política de su principal objetivo estratégico: reducir las disparidades entre las regiones en materia de desarrollo.
Desde el principio de 2020, la UE adoptó una amplia gama de medidas para abordar los retos planteados por la pandemia de COVID-19. La política de cohesión realizó una rápida contribución en tres etapas que modificaron las normas relativas al período de programación 2014-2020. En menos de dos meses tras el brote de la pandemia en Europa, la UE adoptó medidas legislativas para movilizar fondos no utilizados a través de la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus (IIRC) y la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus (IIRC+). En menos de un año, adoptó la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE), como instrumento a corto y medio plazo para la reparación y recuperación de la crisis.
«La reacción de la UE facilitó el uso de los fondos de cohesión para ayudar a los Estados miembros a hacer frente a las dificultades económicas relacionadas con el COVID-19, a pesar de que algunos desafíos existentes podrían agravarse en consecuencia», señaló Iliana Ivanova, Miembro del Tribunal que dirigió la auditoría. «En cualquier caso, todavía tenemos que evaluar muy cuidadosamente si la política de cohesión de la UE es el instrumento presupuestario adecuado para responder a las crisis»